SENADO APRUEBA PLAN ESTRATÉGICO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

El pleno del Senado de la República aprobó con 85 votos a favor, uno en contra y 30 abstenciones el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, el cual plantea una transformación profunda del sistema con base en el principio de que la justicia no es un privilegio, sino un derecho humano, y que las instituciones deben estar al servicio del pueblo.

Diagnóstico

El plan, presentado por la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos, parte del siguiente diagnóstico: Al cierre de 2025, se registraron más de 84 mil carpetas de investigación del fuero federal, lo que significó un incremento del siete por ciento en la carga operativa.

Entre los principales problemas identificados se encuentran la saturación del sistema por la tramitación masiva de casos, un desequilibrio estructural donde el 94.6 por ciento de las condenas se obtienen por procedimiento abreviado, dejando el juicio oral como excepción, así como una distribución desigual de la violencia concentrada en zonas específicas y una persistente desconfianza ciudadana, ya que seis de cada diez personas perciben corrupción en el sistema de procuración de justicia.

Planteamientos del Plan Estratégico de Procuración de Justicia

Ante este panorama, el plan busca devolver legitimidad a la acción ministerial mediante un nuevo modelo de investigación e inteligencia que transite de una fiscalía reactiva a una proactiva y anticipatoria, apoyada en la ciencia y la tecnología.

Asimismo, se propone abandonar el esquema fragmentado de persecución de delitos para centrarse en el desmantelamiento de grupos criminales y sus estructuras financieras.

Acciones

Entre las acciones clave destaca la creación de un sistema informático nacional interoperable que permitirá la interconexión de bases de datos, biometría y registros forenses entre la federación y las entidades, con el objetivo de combatir la impunidad derivada del aislamiento de la información.

También se plantea la conformación de unidades de fusión operativa que integrarán a fiscales, analistas, peritos y policías de la Agencia de Investigación Criminal, con el fin de fortalecer las investigaciones con rigor científico.

El plan contempla una matriz de priorización de 40 puntos para clasificar delitos según su impacto social, nivel de violencia y vulnerabilidad de las víctimas, colocando en el nivel más alto ilícitos como la delincuencia organizada, el secuestro, la extorsión y la desaparición de personas.

Feminicidio

En materia de violencia contra las mujeres, se establece que toda muerte violenta será investigada bajo el protocolo de feminicidio, incorporando la perspectiva de género como un elemento obligatorio en las investigaciones.

Desaparición de personas

Frente a la desaparición de personas, se reconoce la búsqueda como una deuda histórica, por lo que se reforzarán los mecanismos de diligencia e interconexión del Banco Nacional de Datos Forenses para garantizar el derecho a la verdad de las familias.

Finalmente, el proyecto pone énfasis en la reestructuración institucional para fortalecer el servicio profesional de carrera, garantizando que el mérito y la certificación técnica sean los únicos criterios de ascenso, así como la implementación de un régimen de cero tolerancia a la corrupción, con mecanismos de denuncia ciudadana y un comité de ética con facultades sancionadoras.