El Gobierno capitalino y el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) anunciaron una transformación profunda en el esquema de inspección a establecimientos mercantiles. El nuevo modelo prioriza la actividad económica, evita riesgos ciudadanos y establece una política de tolerancia cero frente a la corrupción. Las modificaciones principales buscan sustituir el enfoque recaudatorio y sancionador por un sistema de acompañamiento y corrección, especialmente para los pequeños comercios.

Los ejes del nuevo modelo y el Código Avisa

El plan redefine la intervención de la autoridad según el impacto de cada giro mercantil:

• Giros de bajo impacto (tiendas de abarrotes, cafeterías, talleres mecánicos, papelerías): Estos comercios cuentan con protección reforzada. Se implementa el Código Avisa, un protocolo de tres fases antes de aplicar cualquier suspensión:
• Primera llamada: La autoridad notifica las denuncias ciudadanas y otorga un plazo para corregir.
• Segunda llamada: Se reitera la falta y se brinda una nueva oportunidad de regularización.
• Tercera llamada (apercibimiento): Ante la negativa persistente, procede la medida cautelar. La instrucción prioritaria es cero clausuras para este sector.
• Giros de mediano impacto o impacto vecinal (restaurantes con venta moderada de alcohol, hoteles, salones de fiesta): Operan bajo un esquema similar de avisos previos (dos llamadas y un apercibimiento) antes de la suspensión, monitoreando límites de horario y aforo.
• Giros de alto impacto o impacto zonal (bares, cantinas, centros nocturnos, discotecas): Al representar mayor riesgo para los asistentes y el entorno, solo reciben un apercibimiento previo. Ante infracciones graves como aforo excesivo o venta de alcohol a menores, la autoridad actúa de inmediato con el cierre temporal del lugar.

Verificación voluntaria y agilización jurídica

Para facilitar la regularización, la Secretaría de Desarrollo Económico implementará esquemas de verificación voluntaria, permitiendo que los dueños soliciten una revisión preventiva sin temor a sanciones.

Asimismo, el área de sustanciación y atención ciudadana operará con citas presenciales, telefónicas y por correo electrónico de lunes a viernes, comprometiendo un plazo máximo de diez días hábiles para la reapertura de establecimientos una vez subsanadas las anomalías. También funcionarán mesas de asesoría jurídica los lunes en la consejería.

Acciones estrictas contra la corrupción

El programa incluye candados tecnológicos e institucionales para erradicar la extorsión y el llamado coyotaje:

• Identificación digital: Los verificadores portarán uniforme azul marino con número visible, chaleco bordado, credenciales inteligentes con códigos QR y candados de seguridad avanzados que cualquier ciudadano puede escanear mediante su teléfono para validar la autenticidad de la visita.
• Videograbación obligatoria: Todas las inspecciones se grabarán de principio a fin mediante cámaras corporales (bodycams) conectadas directamente con las bases de datos del INVEA y de la Contraloría General.
• Órdenes digitales trazables: Ninguna visita procede sin una orden digital auténtica y vigente.
• Herramienta Verificatel: Los propietarios pueden llamar al Locatel para corroborar en tiempo real la legalidad de los inspectores o reportar anomalías.
• Pago directo de multas: Las sanciones económicas se liquidarán de forma directa mediante los canales oficiales, evitando intermediarios. Las autoridades capitalinas informaron que este modelo se presentará ante el cabildo para homologar criterios con las dieciséis alcaldías, buscando un equilibrio entre el orden urbano, la seguridad vecinal y la protección del empleo local.