La Corte pone freno a rentas excesivas: aumentos no podrán rebasar la inflación

La Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó un criterio clave para el mercado de la vivienda en México: las rentas no podrán aumentar por encima de la inflación registrada el año anterior. La determinación busca poner un límite a incrementos desproporcionados que, entre 2020 y 2025, alcanzaron hasta 45%, de acuerdo con plataformas inmobiliarias especializadas, y que han presionado a miles de familias reduciendo su capacidad para permanecer en sus hogares.

El máximo tribunal sostuvo que la vivienda no es principalmente un bien comercial, sino un derecho social protegido por la Constitución. En ese sentido, aumentar la renta por encima de la inflación rompe el equilibrio entre la relación contractual y la protección de derechos fundamentales, al imponer cargas excesivas a los inquilinos.

La Corte aclaró que el tope a las rentas no elimina el negocio inmobiliario ni impide que los propietarios obtengan rendimientos. Lo que sí hace es ordenar el mercado, al establecer ajustes previsibles, razonables y transparentes. Con ello se busca evitar aumentos súbitos que obliguen a desalojos, al tiempo que se reconoce el derecho de los dueños a actualizar sus ingresos conforme al costo de la vida.

Para cumplir con la resolución, propietarios y administradores deberán calcular los incrementos con base en la inflación oficial del año previo y dejarlo establecido en contratos y renovaciones. Cualquier aumento que exceda ese límite puede ser impugnado. Además, el criterio incentiva contratos más claros, con cláusulas de actualización alineadas a indicadores públicos, lo que reduce conflictos y litigios.

El fallo también valida la reforma aprobada en 2024 por el Congreso de la Ciudad de México, que impuso un tope a las rentas de vivienda en la capital. La Corte determinó que dicha modificación al Código Civil es constitucional y forma parte de una política pública orientada a ampliar la vivienda social y regular plataformas digitales de alojamiento temporal, como Airbnb, para contener la especulación inmobiliaria.

De acuerdo con el INEGI, en los últimos dos años el precio de las rentas ha aumentado hasta 44%, mientras que la inflación sólo lo ha hecho entre 8 y 9%. En la Ciudad de México, el costo promedio de renta mensual ronda los 21 mil pesos, con alzas anuales de entre 12 y 15%, y en zonas como la Condesa y la Roma los incrementos superan incluso el 20 o 30%.

Con esta resolución, la Suprema Corte traza una línea clara: el acceso a la vivienda debe protegerse sin paralizar la actividad inmobiliaria. El mensaje es directo: crecimiento, sí, pero con reglas; rentabilidad, sí, pero con límites; ciudades vivas, pero habitables para quienes las sostienen todos los días.