La Auditoría Superior de la Federación (ASF) puso la lupa sobre la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La Unidad Especializada en Investigación y Auditoría Forense de este organismo federal abrió de manera formal el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa 055/2026 para indagar a fondo la contratación y operación del software que se usó en el proceso de ingreso a nivel licenciatura.

La ASF notificó a la máxima casa de estudios que tiene un plazo improrrogable de 10 días hábiles para responder a un pliego de 128 requerimientos de información detallada.

¿Qué información le exigen a la UNAM?

El órgano fiscalizador busca reconstruir la ruta del dinero y la legalidad técnica del proceso. Por ello, solicitó a la institución la entrega inmediata de:

• Documentos financieros: Facturas emitidas, comprobantes de transferencias bancarias y costos totales del servicio.
• Evidencia técnica: Bases de datos completas de los aspirantes que presentaron la prueba en línea.
• Archivos multimedia: Registros de reconocimiento facial y videos grabados por el sistema de supervisión remota durante la aplicación del examen.

El origen del conflicto: Territorium Life

El centro de la investigación es el contrato adjudicado a la empresa Territorium Life, S.A.P.I. de C.V., firma que fue seleccionada para proveer la plataforma digital y el sistema de inteligencia artificial encargado de vigilar que los alumnos no hicieran trampa desde sus casas.

Sin embargo, el examen en línea se convirtió en un dolor de cabeza institucional debido a múltiples fallas masivas en los servidores, bloqueos de usuarios y reportes en redes sociales sobre presuntas vulnerabilidades que permitieron filtraciones de la prueba. Ante el caos tecnológico, la Rectoría de la UNAM tomó la decisión de rescindir el contrato de forma anticipada con el proveedor.

El costo de un "examen de control" extraordinario

Además de revisar si la adjudicación directa o licitación cumplió con la ley, la ASF evalúa el daño patrimonial secundario. Debido al colapso de la plataforma digital, la UNAM se vio obligada a organizar una nueva vuelta de exámenes, esta vez bajo una modalidad presencial y de control.

Los auditores federales buscan determinar a cuánto ascendió el gasto de recursos públicos invertidos en la logística de esta prueba de reposición extraordinaria, la cual incluyó renta de sedes, impresión de materiales físicos y despliegue de personal.

Cabe destacar que la propia administración de la UNAM había solicitado previamente la intervención de las autoridades fiscales para deslindar responsabilidades y transparentar el uso del presupuesto tras el fracaso del software.