GOBIERNO CAPITALINO BLINDA SU ADMINISTRACIÓN: GABINETE FIRMA DECÁLOGO DE HONESTIDAD Y CERO CORRUPCIÓN

A dos años de arrancar la actual administración y tras rendir cuentas ante la ciudadanía, el gabinete de la Ciudad de México firmó un decálogo de ética para fijar reglas claras en el servicio público.

Durante el encuentro, las autoridades enfatizaron que el poder público existe para transformar la realidad y servir a la población, jamás para beneficio personal. Con este decálogo, la administración busca desterrar los privilegios y consolidar una nueva forma de gobernar basada en la cercanía con la gente.

El documento establece diez compromisos fundamentales para quienes integran el gobierno local:

• Derecho a la buena administración: Garantizar legalidad, integridad y eficacia en cada trámite o respuesta al interés general.
• El presupuesto es sagrado: Cada peso público se destina exclusivamente a derechos, obras y servicios, cerrando la puerta a intereses privados.
• Cero corrupción e impunidad: Tolerancia cero ante sobornos, moches, influyentismo, conflictos de interés y nepotismo.
• Poder para servir: Recordar que los cargos públicos imponen obligaciones y ningún funcionario está por encima de la ley.
• Austeridad total: Rechazo absoluto a los lujos, gastos superfluos y ostentaciones con dinero del erario.
• Transparencia permanente: Obligación total de informar a la ciudadanía qué se hace y en qué se gasta.
• Menos burocracia: Agilizar los trámites para evitar peregrinaciones de oficina en oficina y ofrecer soluciones reales.
• Buen trato y cero prepotencia: Erradicar cualquier forma de discriminación, acoso o violencia de género, garantizando un trato digno.
• Gobierno de territorio: Salir de los escritorios, recorrer las calles y priorizar siempre a quienes menos tienen para cerrar brechas de desigualdad.
• Transformación constante: Usar la administración pública como herramienta de cambio profundo para mejorar la vida de la gente.

Para asegurar que estos compromisos permeen en toda la estructura gubernamental, la Contraloría General vigilará que las y los servidores públicos de confianza firmen el código, además de informar periódicamente sobre cualquier sanción. El mensaje central fue contundente: no hay derecho a fallar ni a traicionar la confianza del pueblo.