“EL QUE NADA DEBE, NADA TEME”: SHEINBAUM; REITERA QUE SU GOBIERNO NO PROTEGERÁ A NADIE QUE COMETA DELITOS

Durante la conferencia matutina de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fijó su postura sobre la reciente acusación formal emitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el crimen organizado.

La mandataria centró su postura en tres ejes: la defensa de la soberanía nacional, el respeto al debido proceso y la exigencia de pruebas contundentes antes de emitir un juicio político contra el mandatario estatal.

La presidenta Sheinbaum reveló que sostuvo una comunicación directa con Rocha Moya tras conocerse la solicitud de extradición enviada por las autoridades de Nueva York. Según la presidenta, el mensaje fue claro: si no existen vínculos ilícitos, no hay razón para la preocupación.

"Hablé con el gobernador y se lo dije claramente: el que nada debe, nada teme. Si no hay pruebas, no hay nada de qué preocuparse. Pero también lo digo con firmeza: este gobierno no protegerá a nadie que haya cometido un delito", sentenció la jefa del Ejecutivo.

Rechazo a la "diplomacia de filtraciones" La Presidenta aprovechó el espacio para lanzar una fuerte crítica a la administración estadounidense por la forma en que se dio a conocer el caso. Calificó como una "actitud injerencista" el hecho de que una investigación de tal magnitud se hiciera pública antes de seguir los canales diplomáticos y legales correspondientes entre ambas naciones.

"Es muy desafortunado que se utilicen estos mecanismos para presionar o golpear políticamente. Si tienen pruebas, que las presenten ante la Fiscalía General de la República (FGR), que es la única autoridad competente en nuestro territorio", añadió.

Sobre la posibilidad de una detención o remoción del cargo, Sheinbaum recordó que, en México, prevalece el estado de derecho. Explicó que, al ser un funcionario electo, Rubén Rocha Moya goza de fuero constitucional, por lo que cualquier acción legal requeriría primero un juicio de procedencia en el Congreso de la Unión, siempre y cuando la FGR encuentre elementos suficientes para proceder.