Congreso CDMX aprueba reformas contra la extorsión

Con 40 votos a favor, el Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen que reforma el Código Penal para el Distrito Federal en materia de extorsión y delitos coercitivos.

La iniciativa, promovida por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, forma parte del Pacto contra la Extorsión que ha impulsado su administración, en coordinación con la Estrategia Nacional de Seguridad de la presidenta, Claudia Sheinbaum.

La reforma introduce el delito de “hostigamiento coercitivo”, que sanciona a toda persona que, mediante violencia física o moral, pretenda obligar a otra a hacer, dejar de hacer o tolerar cualquier acción u omisión.

Este tipo penal permite a las autoridades actuar aun en los casos en que la conducta no ha derivado en una extorsión: sanciona la conducta desde la primera amenaza, llamada telefónica o amago, sin necesidad de que un pago o daño patrimonial se concrete.

La reforma sanciona este delito con prisión de tres a siete años y multas de hasta mil UMAS, alrededor de 117 mil pesos, que aumentan hasta en una mitad cuando, por ejemplo, se empleen armas, cuando lo cometa un servidor público con motivo de sus funciones o cuando se utilicen a personas menores de edad.

Además, endurece el castigo al hostigamiento sexual, particularmente cuando se amenaza con difundir contenido íntimo para coaccionar a las víctimas.

Incorpora candados específicos contra los esquemas de usura y cobros bajo presión, como el sistema “gota a gota”, y blindará el proceso judicial, pues se integran agravantes en el endurecimiento de penas cuando el delito sea cometido desde centros penitenciarios o empleando identidades falsas o supuestas ligas con el crimen organizado.

Desde la tribuna, el diputado Luis Chávez García celebró que el dictamen incluya penas contra quienes usen amenazas tecnológicas en la comisión del delito de extorsión.

“Los criminales han dejado atrás el anonimato tradicional para adoptar herramientas tecnológicas avanzadas, a través de la generación de videos manipulados, clonación de voz y la suplantación de identidad en tiempo real. Engañan a las familias, simulan secuestros, amenazan la seguridad de nuestros patrimonios y vulneran la paz”, señaló.