ACCIDENTES VIALES LE CUESTAN A MÉXICO HASTA 92 MIL MILLONES DE PESOS AL AÑO

Los siniestros de tránsito no solo dejan personas lesionadas o fallecidas: también representan una fuerte carga económica para el país debido a los gastos médicos y la pérdida de productividad.

Más allá de los daños materiales, en México estos hechos generan pérdidas anuales de entre 55 mil y 92 mil millones de pesos (equivalentes a entre 3 mil y 5 mil millones de dólares). Las cifras forman parte del estudio El costo de los siniestros viales en México: Estimación de costos de atención médica y pérdida de productividad, presentado por especialistas y organizaciones de la sociedad civil como El Poder del Consumidor y Salud Justa Mx.

Con base en datos de 2024, el análisis señala que, en su escenario más alto, el impacto económico equivale aproximadamente al 0.3 % del Producto Interno Bruto (PIB) y al 4.4 % del gasto total en salud del país. Sin embargo, el costo real podría ser superior, ya que la investigación no contempló los daños materiales ni la atención médica de largo plazo para las personas con secuelas o discapacidad.

Principales factores y usuarios vulnerables. El estudio identifica entre los principales factores de riesgo el exceso de velocidad, el consumo de alcohol y la omisión de dispositivos de seguridad (cinturones, cascos certificados y sistemas de retención infantil). Asimismo, destaca que las muertes por tránsito continúan entre las principales causas de fallecimiento en la población de 5 a 44 años, lo que amplifica la pérdida de productividad laboral.

La problemática afecta de manera desproporcionada a quienes transitan sin la protección de un vehículo: en entornos urbanos, ocho de cada ten personas fallecidas en siniestros viales son peatones, ciclistas y motociclistas.

Llamado a la prevención y regulación. Especialistas y activistas hicieron un llamado a no tratar estos hechos como eventos inevitables, pues una parte importante de las pérdidas puede prevenirse mediante infraestructura adecuada, regulación efectiva y controles estrictos.

En ese sentido, plantearon la urgencia de acelerar la aplicación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial —vigente desde 2022—, endurecer los alcoholímetros, reforzar los límites de velocidad y actualizar la normativa de seguridad vehicular con tecnologías como el frenado autónomo de emergencia y sistemas de protección a peatones. Detrás de cada choque no solo hay un vehículo retirado de la vía: existen gastos médicos, ingresos perdidos, secuelas familiares y una factura financiera que termina pagando toda la sociedad.